¿Es el estallido social del año 2021 en Colombia un evento excepcional respecto al contexto político internacional?

Si se compara lo ocurrido en Colombia durante el paro nacional iniciado el pasado 28 de abril con los estallidos sociales que se desarrollaron en países como chile en el 2019 y EE.UU. en el 2020 se encuentran paralelismos y patrones que se repiten de forma poco casual o espontanea, quedando debilitados aquellos comentarios de algunas personas que expresaban que el contexto colombiano es único y diferente respecto a lo está ocurriendo en otros países del continente. Empezando por simple hecho de que la organización “la primera línea” colombiana está totalmente inspirada en su homónimo chileno, no solo en su nombre, sino también en ideología, objetivos, tácticas de vandalismo callejero disfrazado de protección a los manifestantes, indumentaria, y construcción artesanal de artefactos de “resistencia” [1]. De igual manera, en los tres países el estallido social se presentó a raíz de un hecho particular que al ser descontextualizado se tomó como excusa por parte de grupos radicalizados para generar una desestabilización y un estado de conmoción interior, dejando así a gobiernos de aparente centro derecha o derecha al borde de un golpe de estado o de una dimisión. En EE.UU. lo fue la muerte de George Floyd, en chile la subida de un pequeño porcentaje de las tarifas del metro en Santiago y en Colombia la propuesta de reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque.

No se pretende acá justificar ninguno de estos tres sucesos, todos podrían considerarse como eventos desafortunados o inoportunos, pero no deja de ser llamativo que en los tres casos se convocaron inicialmente unas protestas (seguramente justificadas en su comienzo) que con el paso de los días y semanas terminaron convirtiéndose en un estallido social en el que se incorporaron paulatinamente muchas más demandas y exigencias a los gobiernos por parte de grupos de izquierda. En EE.UU. lo que comenzó como una indignación por lo ocurrido con Floyd se convirtió en una pseudo revolución de varios meses en la que grupos como Antifa o Black Lives Matter proclamaban sus pretensiones de derrumbar todo el sistema desde sus cimientos, incluyendo el fin del sistema “capitalista” y un sinfín de demandas de corte inter-seccional para grupos trans y otras minorías, finalmente este estallido se tranquilizó en gran medida cuando en el mes de noviembre el presidente Donald Trump perdió la posibilidad de su reelección en unos comicios que arrojaron muchísimas dudas sobre su transparencia y cuyos resultados finales dejaron poca certidumbre y veracidad.

En chile ocurrió un poco de lo mismo, tras las protestas iniciales por la subida de las tarifas de metro, la marea termino transformándose en un tsunami en la que se sumaron un montón de demandas por parte de grupos izquierdistas y progresistas en el país, exigiendo el agigantamiento del estado de bienestar y el derrumbe del sistema económico que había convertido a ese país en la mayor referencia de desarrollo económico y movilidad social en las últimas décadas en la región, finalmente el presidente Piñera cedió ante la presión y termino aceptando el referendo de convocatoria para una nueva constituyente, en la cual se reformara la carta magna y el contrato social de esa nación según muchas de las exigencias de estos grupos radicales [2].

En Colombia, igualmente, se pudo evidenciar como inoportuno el “timing” en el cual se produjo la propuesta del ejecutivo para una reforma tributaria, demostrando cierta desconexión y solipsismo respecto a la profunda crisis social y económica a la que se arrastró a la población en el último año debido a las restricciones económicas y de movilidad derivadas de la pandemia, sin embargo no deja de ser contradictorio que precisamente esos grupos izquierdistas que son los que más abogan por el aumento de los servicios prestados por el estado son los mismos que saltaron a la agitación en las calles cuando se anunció la posibilidad de la reforma tributaria, demostrando tal vez que lo que los movía realmente a la agitación era una finalidad política consciente de desestabilización del gobierno actual (y preparación del terreno electoral para el año 2022), o demostrando tal vez que son poseedores de una profunda ignorancia económica respecto al hecho de que sus exigencias de una salud y educación universales gratuitas en realidad no pueden ser financiadas solo con buenas voluntades, sino que precisamente requieren mayores cargas impositivas y presión fiscal como las que proponía en parte el gobierno. Peor aún, la reforma original estaba destinada a recoger 26 billones de pesos, y tras ser derogada, el auto-elegido comité de paro presentó unas demandas para ser “negociadas” con el gobierno, las cuales en el caso hipotético de que fueran aprobadas en su totalidad presumirían un presupuesto de 81 billones de pesos, es decir más del triple de la propuesta original de gobierno [3].

Por otra parte, en los tres países se impulsó de forma paralela la demonización de la policía y las fuerzas del orden en la opinión pública, en EE.UU. algunos alcaldes demócratas y congresistas como Alexandra Ocasio Cortes y su “Squad” [4]  impulsaron la propuesta del “defund the police” [5], y en Colombia igualmente salieron las voces de la izquierda y el progresismo a postular que se debía clausurar el ESMAD [6]. En los tres países también se observó la destrucción de monumentos relacionados a personajes históricos y fundacionales de cada nación, todo esto bajo la influencia de aquellas ideologías posmodernistas para las cuales todos los padres fundadores fueron personajes despreciables e inherentemente malvados, racistas, y genocidas, los cuales deberían ser borrados de la historia, olvidando estos grupos que en muchos casos aquellos personajes históricos con sus actos y gestas propiciaron la cultura y civilización actual que nos sostiene, más allá de sus errores y contradicciones que pueden ser debatibles. En EE.UU. derribaban estatuas de personajes como Abraham Lincoln, George Washington o hasta del mismo Matthias Baldwin, personaje que promovió la abolición de la esclavitud y el acceso al voto y a las escuelas para los afroamericanos [7]. En Colombia los depositarios de la ira irracional de los radicales fueron personajes como Gonzalo Jiménez de Quesada o Gilberto Alzate Avendaño, en Bogotá, organismos oficiales prefirieron retirar y resguardar una escultura de Cristóbal Colon e Isabel la católica antes de que fuera vandalizada por grupos izquierdistas e indigenistas radicales [8].

Otro punto en común en los tres países fue el tratamiento que se le dio a los eventos por parte de la mayoría de los medios de comunicación mainstream (si bien se pueden contar algunas excepciones como Fox News en EE.UU. o revista Semana en Colombia), los cuales buscaron siempre evidenciar con lupa todos los actos de exceso de fuerza por parte de las fuerzas del orden, mientras omitían o quitaban peso a las provocaciones, actos de vandalismo y agresiones a policías, civiles y comerciantes perpetrados por una parte de los manifestantes. Se debe tener en cuenta que muchos de esos medios en realidad hacen parte de conglomerados al estilo del grupo Prisa para Hispanoamérica [9], los cuales a su vez responden a intereses de unos pocos fondos de inversión, adeptos a la agenda globalista a nivel mundial, mezcla de corporativismo mercantilista por un lado y progresismo/socialismo por otro lado en el plano cultural. De igual manera, a esa agenda informativa y de opinión se plegaron casi todos los organismos internacionales y ONGs de derechos humanos, tal como es el caso de la CIDH o de la ONG “temblores” en Colombia [10], con una clara agenda política demarcada y con visibles nexos con la open society de George soros.

Cabe preguntarse si estamos ante una agenda de carácter internacionalista, la cual busca explotar diferentes momentos y circunstancias según el contexto e idiosincrasia de cada nación, pero vinculando al fin de cuentas diversos grupos en una estructura que va más allá de las fronteras nacionales visibles, incluso entretejiendo organizaciones con intereses en apariencia contradictorios [11]. ¿Acaso no es posible pensar que organizaciones supranacionales están llevando a cabo una agenda propia, propiciando estallidos sociales y debilitando la soberanía de aquellas naciones que no se plieguen a los designios de una gobernanza global? ¿Es Colombia realmente un caso aislado y diferente en el cual la izquierda representa una verdadera lucha ante la desigualdad socio-económica que ha vivido históricamente nuestro país? Por el contrario, esta izquierda Colombiana no es más que otra plataforma en el ajedrez político , la cual presume de buenas intenciones y una superioridad moral, pero que igualmente nada la exime de terminar arrojando resultados igual o peor de defectuosos que los entregados por los gobiernos de “derecha” que el país ha tenido en pasadas décadas [12], no se puede considerar algo como bueno solo porque representa una novedad (falacia de novedad, “ad novitatem”), y además esta izquierda está plegada de forma radical a los designios globalistas de la agenda 2030 de la ONU.