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Daniel Quintero y la dictadura de género en Medellín.

10 de Enero, 2020

Publicado por Instituto de Investigación Social Solidaridad

Autor: Carlos Andrés Gómez Rodas.

El pasado miércoles 1ᵒ de enero, el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, tomó posesión de su cargo. Entre los muchos puntos cuestionables de su programa de gobierno quieren comentarse, en esta oportunidad, algunos aspectos de lo que en él se refiere a la imposición de la ideología de género como política pública, hecho que confirma las certeras previsiones de Samuel Ángel en su magnífico libro La amenaza de la ideología de género (2019), sobre todo, por la connotación de dictadura que ha tenido siempre esta corriente y que se pone de manifiesto en este interesante y enriquecedor trabajo de investigación y divulgación que tanto molestó a los activistas de género en Colombia y en otros países iberoamericanos.

En el punto Recuperemos lo social de su programa de gobierno, el equipo de Quintero expresa:
“La ciudad adoptó desde el 2011 (acuerdo 08 de 2011 – reglamentado por el decreto 1928 de 2011) una política pública para respetar los derechos de la población LGBTI+ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales). Sin embargo, hasta la fecha Medellín no cuenta una caracterización pormenorizada de esta población.
Hoy en la ciudad una de cada siete personas de este grupo poblacional se siente discriminada. Además, cerca de 60 personas han sufrido desplazamiento intraurbano en los últimos 5 años y en Antioquia cada quince días muere una persona por el libre ejercicio
de su sexualidad.

Frecuentemente los medios de comunicación de la región han destacado como el las Autodefensas Gaitanistas de Colombia amenazan, intimidan y persiguen esta población; quienes además sufren rechazos, violencias y discriminación en escenarios diversos, entre los que se destacan la incorporación laboral” (p. 39).
Así pues, lejos están Quintero y su gabinete de proponer un ejercicio crítico ―adjetivo tan corriente hoy, pero tan ideológicamente utilizado― acerca de muchos puntos cuestionables en el acuerdo 08 de 2011, como, por ejemplo, la petición de principio que se halla en el punto e. del artículo 3º. Diversidad sexual y de género: “La orientación sexual e identidad de género es una construcción individual permeada por los ámbitos social, cultural, histórico, sicológico, político y económico, donde el ámbito biológico es un elemento entre otras variables, que contribuye a su desarrollo concreto, pero no determinante como causa última”. La mayor parte de los habitantes de Medellín no está de acuerdo con esta absurda y anticientífica idea, pero, como siempre, en casi todas las democracias del mundo, las decisiones más importantes para el futuro de un pueblo terminan tomándolas una élite de poderosos que no lo representan y que, más bien, responden a agendas impuestas internacionalmente y a guiones que se les entregan a los directores del ejecutivo antes, durante y después de la campaña.

Sobra decir que, como académico que soy, percibo en la legislación vigente para mi ciudad una coacción a los docentes e investigadores que diferimos de la posición expresada en el acuerdo 08 de 2011, pues limita la capacidad de disenso y la libertad de expresión en la enseñanza escolar y universitaria cuando se quieren someter a juicio los postulados de la ideología de género que, incluso, se han apoderado de los colegios católicos de la ciudad de Medellín, pues estos, lejos de tener autonomía amparada en la libertad de cultos, deben someterse en todo a las directrices de la Secretaría de Educación, razón por la cual muchos docentes que, todavía queremos permanecer firmes en una recta comprensión de la sexualidad humana cimentada, por ejemplo, en la doctrina católica, hemos tenido que renunciar o hemos sido expulsados de instituciones educativas de identidad religiosa, con las consecuentes afectaciones económicas, laborales, morales y psicológicas.

Las afirmaciones del programa de Quintero también incurren en suposiciones carentes de fundamento lógico o que no lo tienen suficientemente, como la presunción de que “cada quince días muere una persona por el libre ejercicio de su sexualidad”, pues es sabido que muchas de estas muertes se dan por riñas entre personas pertenecientes al mismo colectivo LGTBI o por razones muy diferentes al libre ejercicio de la sexualidad como se presenta, de modo bastante tendencioso, en este apartado del programa referido a la diversidad sexual. Medellín es una ciudad en la que, mayormente, se respeta la vida y la integridad física de las personas. Evitar los crímenes en este sentido es un asunto que corresponde a la agenda de seguridad, pero que no debe mezclarse, falazmente, con la imposición de una ideología, pues nadie necesita tal doctrina inicua para entender que las personas que se autodefinen como pertenecientes al lobby LGTBI deben ser respetadas como todas las personas, no como pertenecientes a un determinado grupo o lobby. Sobre eso es clara la Constitución Política de 1991 y, acerca de las penas por homicidio o agresión física, es contundente el Código Penal Colombiano ¿A qué viene tanto adoctrinamiento combinado con preocupación por la paz y la convivencia?

Preocupan mucho, por último, dos detalles en el fragmento citado y son la innecesaria referencia a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la alusión a la incorporación laboral de los autodenominados LGTBI+ (el programa de gobierno pone este símbolo + bastante cuestionable y enigmático, por decir lo menos). Sobre lo primero, baste decir que denota un intento de alimentar la falacia de que ser contrario a la imposición del género es ser “paraco”, “facho”, “nazi” etc. y, nuevamente, incurre en el error lógico de suponer que, si un gay, lesbiana, transexual o bisexual es víctima del conflicto armado, lo es por identificarse como miembro de esa minoría. En un buen razonamiento, hoy tan escaso, eso se llama falacia de causa falsa y dicha falacia nutre informes sumamente cuestionables como el ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) y Medellín: Memorias de una guerra urbana (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019).

Con respecto a la incorporación laboral se evidencian lo riesgos para los empresarios que ya han advertido Agustín Laje y Samuel Ángel en su última gira por Colombia, pues si antes la legislación otorgaba al empleador el derecho de admisión de una persona en su organización, pareciera que, ahora, habrá presión para que alguien perteneciente al colectivo LGTBI deba ser contratado o no pueda ser despedido e, incluso, es probable que muchas personas comiencen a alegar que fueron discriminados por cuestiones de diversidad sexual en procesos legales contra quienes, son o fueron sus empleadores, pues, como dice el célebre adagio popular, “en río revuelto, ganancia de pescador”.

Quienes, por una u otra razón, estamos en contra de la imposición de esta nefasta ideología, debemos comenzar a actuar mancomunadamente en vistas a impedir que el arcoiris LGTBI vuelva a izarse sobre el cerro Nutibara, pues si dicha bandera ondea una vez más en este u otro lugar emblemático de nuestra ciudad, se quedará para siempre y, en su nombre, ser recrudecerá la persecución contra quienes nos negamos a someternos al lobo LGTBI disfrazado de oveja y cuya inquisición ha resultado ser la más terrible en la historia.

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